Cataluña nos roba y España paga

España financia el procés catalán. Y lo hace con conciencia. Es una paradoja, pero sufraga a cargo del erario público un buen número de partidas para sostener el independentismo catalán que combate metafórica y semánticamente por tierra, mar y aire.

#procés #indepes #Españanosroba #Puigdemont #Putin #amnistía

A falta de cuentas claras, existen varios estudios que cifran en más de 18.500 millones el coste del procés catalán desde el 2004. En estas partidas no se incluyen todas aquellas otras que sufraga el Estado español, de forma directa, indirecta o inducidamente.

Los ex-presidentes de la Generalidad catalana expedientados, imputados o con causas abiertas con la justicia, todos molt honorables desde Pujol hasta Torra (con las excepciones de Maragall y Montilla), no les impide percibir el privilegio de una pensión vitalicia estatal a pesar de sus hazañas judiciales con sentencias condenatorias. 

El mismo  Puigdemont en su refugio judicial en Waterloo, es difícil creer que no perciba una asignación pública encubierta del Estado con independencia de la sospechosa financiación rusa de Putin. Si ya le pagamos varios escoltas para su supuesta seguridad las 24h en suelo belga, cuesta creer que esa asignación pública no exista. Amén del sueldo como Eurodiputado para gozar de momento de inmunidad que sale del contribuyente español. 

Lo que sí existe es la remuneración por un programa de la TV catalana en inglés a su esposa, Marcela Topor, con audiencia casi cero, a razón de unos 300.000 euros al año, que abona puntualmente la Diputación de Barcelona en manos del PSOE/PSC desde hace años. 

Para combatir la sequía, la Dipu ni la GenCat  tienen fondos pero sí para dar un sueldo a la esposa del prófugo golpista. Suponemos que por caridad. Cuando pidan el trasvase de agua apelando a la solidaridad interritorial que ellos niegan, ¿exigirán también el C1 en catalán? 

Tampoco hay que olvidar aquellos conceptos relacionados con el procés que asume el Estado, a saber: los diputats separatistas  que marcharon a Suiza y Bélgica por estar en la lista negra de la justicia por cometer ciertos delitos pendientes de juicio pero cobrando un sueldo  en el Parlament. Las negociaciones secretas del PSOE fuera de España con el convicto mayor del Reino, los mediadores internacionales, los pinganillos en el Congreso y Senado (280.000 euros anuales) y la aspirada oficialización del catalán y vasco en las instituciones europeas a pesar de ser lenguas regionales desde la óptica comunitaria (por este último concepto unos 132 millones euros anuales).

Y las partidas no acaban aquí. Es el caso de los dineros supuestamente defraudados a Hacienda por parte de la familia Pujol, que aún espera juicio tras más de 10 años de instrucción y amasar supuestamente unos 3.000 millones de euros, pero con pinta de que nunca se celebre el juicio esperando que prescriba o fallezca el patriarca Jordi. Nos quieren hacer creer que hay terrorismo blando y otro duro, así como corrupción buena y corrupción mala.

El asuntillo del 3%  y la trama corrupta del Pau de la Música (caso Millet) por valor de unos 25 millones euros que financió ilegalmente a los convergentes de CiU del entonces Artur Mas tampoco son partidas menores. 

A todo lo anterior hay que añadir las acciones de gracia por parte del presidente socialista Pedro Sanchez al procés catalán que afirma haber empezado con Rajoy y no con Zapatero. Junto a los indultos y a la reforma del código penal para excarcelar a los golpistas, está la amnistía fiscal de los siguientes conceptos que exigen los indepes, como son:

•  la condonación a las multas y fianzas a los procesados por unos 14 millones de euros, 

• el perdón de los caudales  malversados  de millonarios fondos públicos (más de 100 millones?), 

• la pretendida quita de la deuda catalana por valor de unos 80.000 millones de euros, y 

• la absolución del déficit fiscal con el Estado español por unos 22.000 millones de euros. Si todo se cumple como demandan los socios del ejecutivo de la ultraderecha catalana,  el Estado español habrá asumido al final un coste por el procés que a día de hoy supera el del Brexit en el Reino Unido por valor de unos 140.000 millones de libras y 2 millones de puestos, según el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Por si fuera poco, España costea y tolera toda una red ilegal de “embajadas” catalanas arropadas bajo el paraguas del DiploCat en el capítulo de acción exterior de la Generalidad cuyo monto  supera los 400 millones de euros. Estas tienen la misiva de desprestigiar España en el extranjero, cuestionar la democracia y vender el procés. 

Por otro lado, la treintena larga de diputados y senadores indepes que viven como Gabriel Rufián (ERC) y Miriam Nogueras (Junts) del Estado para insultar al Estado desde sede parlamentaria en Madrid (aún incluso de permitirles tomar posesión de sus cargos “prometiendo por la república catalana” y atacar la constitución española) nos cuesta un buen pico a razón de al menos 70.000 euros por barba.

Aunque se declarase la República catalana, esto no impediría  presumiblemente que sus señorías indepes no renuncien a la pensión vitalicia cuando dejen su escaño en el Parlamento español pero sin desistir de la exoneración del 39%  del IRPF español. 

El Tribunal de Cuentas, si no lo remedia Sánchez con su Amnistía (más bien debería llamarse “Ley Puigdemont”), también investiga unos 3,1 millones de euros gastados en la celebración del referéndum ilegal el 1-O que hemos costeado los contribuyentes españoles. 

La caída del PiB en Cataluña desde el inicio del procés, en algo más del 4,5%, la fuga de más de 8.000 empresas, el cierre de un buen puñado de otras firmas por la nefasta inestabilidad política en Cataluña y la pérdida tanto de inversiones como de 80.000 empleos, son otras consecuencias financieras que acarrea estoicamente España. 

EL DAÑO REPUTACIONAL AL PAÍS, INCUANTIFICABLE

Quedaría por cuantificar otro buen número de partidas relacionadas con el procés, pagos de pensiones,  estructuras de Estado e infraestructuras costeadas por los españoles en Cataluña (2.300 millones de euros anuales) o que aspiran a levantar duplicando atribuciones como la hacienda catalana, traspaso de más competencias estatales, sentencias sin cumplir que se saltan la legalidad en Cataluña, el daño reputacional ocasionado a la “marca España”, la prima de riesgo y los efectos insistentes de celebrar un referéndum para romper España. Sobra añadir el impacto económico  de salir Cataluña de la UE en caso de una independencia y los costes emocionales de una ruptura en diferido como las que ya vimos en la historia por ejemplo en los Balcanes.

Pero la vida sigue. Como también  el coste que soportamos los contribuyentes hoy en día por atacar el derecho a la libertad de empresa en suelo catalán (con sanciones por no rotular en español), las multas previstas a las empresas que huyeron del territorio y se nieguen a regresar, los despidos por no acreditar el C1 catalán, la discriminación del español así como  de funcionarios y empleados del Estado aspirantes trabajar en Cataluña o los daños económicos ocasionados a las familias por la inmersión lingüística desobedeciendo la cuota del 25%. Eso sí, siempre hubo y seguirá habiendo excepciones, como Messi.  

Pero hasta que  se cocine la amnistía, tenemos una larga lista de 1.400 sujetos pendientes de juicio por el procés que aspiran a absolver sus penas y los daños ocasionados a la estabilidad del país. El terrorismo callejero (valorado judicialmente en 3,5 millones euros) por parte de los CDRs y Tsunami Democratic es un gasto adicional a cargo del contribuyente.

Un precio alto sin calcular para España tiene además esos reiterados cambios de opinión respecto al independentismo catalán y vasco desde el gobierno central, solo por mantenerse en La Moncloa, que afectan a diversas partidas ministeriales, concesiones, legislaciones y decretos ad hoc.

Sin cuantificar quedan igualmente todas esas conspiraciones secretas de los  actores del procés 2.0 con estructuras desestabilizadoras del exterior (se habla de Rusia, pero también de Qatar, Irán, Venezuela y seguramente otras más) a cambio de obtener apoyo logístico para hacer de “España un Estado gamberro y fallido” (según palabras de Ferran Brunet de SCC y profesor de la UAB en su artículo El riesgo España) y que tarde o temprano asumirá el contribuyente. Y esto solo en el caso catalán. Esperen a que el procés vasco empiece a secundar el ejemplo.

Pese a todo, España seguirá siendo solidaria y compasiva con Cataluña y los catalanes, aún a costa de la deslealtad institucional, el descarado “robo a España” de los dirigentes indepes y la pertinaz sequía en el territorio. Como si no tuviéramos suficiente con la policrisis y todos los conflictos internacionales que acechan. @ignacioSLeon